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Derecho y Políticas ambientales en la Comunidad de Madrid
(Universitat Rovira I Virgili, 2018-01-01) Fortes Martín, Antonio
Requisitos para la interposición de las demandas de retracto de comuneros. Algunos problemas prácticos
(Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2010-08) Bergel Sainz de Baranda, Yolanda
De acuerdo con el artículo 1.522 del Código Civil, el copropietario de una cosa común tiene un derecho de retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Para el correcto ejercicio de dicho derecho de retracto ante los tribunales el demandante debe cumplir ciertos requisitos sin los cuales su acción no puede prosperar. Este artículo estudia las dificultades a las que las partes deben hacer frente en este tipo de acciones e intenta dar soluciones a las mismas. Los problemas se plantean básicamente por la nueva regulación de la acción de retracto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, en especial en el artículo 266.3.º, y las diferentes opiniones de nuestros tribunales sobre distintas cuestiones relativas al ejercicio de la acción de retracto
Por una vuelta al pasado: La elevación de la renta por fusión, escisión y transformación de sociedades en el art. 32.2 LAU
(Notyreg Hispania, 2021-09-01) Olmo García, Pedro del
La explicación o racionalización por la doctrina de una única y aislada sentencia del tribunal supremo de 1997 es la base de las explicaciones que aún hoy se encuentran en la mayoría de los autores respecto del derecho de elevación de la renta que se prevé en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para los casos de fusión, escisión y transformación de sociedades (art. 32.3 LAU). Esas explicaciones doctrinales son parcialmente incorrectas porque, aun cuando podrían tener justificación con los textos legales vigentes en 1997, las posteriores reformas de la legislación sobre arrendamientos urbanos han hecho desaparecer el mandato del legislador en que se podía basar la citada decisión del Tribunal Supremo. En este trabajo se critica esta sentencia y la doctrina que la racionaliza, proponiendo volver a la línea jurisprudencial anterior a 1997, que era más correcta y que –como permanecía en la lógica del Derecho privado- no se basaba en la pura fuerza de la ley.
El consumidor ante la venta en pública subasta de obras de arte
(Notyreg Hispania, 2021-09-30) Mato Pacín, María Natalia
En este trabajo se pretende analizar, principalmente desde el punto de vista del Derecho de consumo, el contenido de las condiciones generales más habituales a las que están sujetas las distintas relaciones contractuales detrás de la pública subasta de obras de arte, condiciones predispuestas por las propias casas de subastas. Al contrastar esos clausulados con la normativa ad hoc sobre pública subasta de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y las reglas de protección al consumidor, se pone de manifiesto que varias de las estipulaciones, especialmente las relacionadas con la exoneración de responsabilidad respecto de la obra de arte, no serían válidas. Por otro lado, además del control de contenido, la protección de los consumidores exige una especial transparencia así como, en el caso de las subastas enteramente en línea, un derecho de desistimiento, cuya articulación en estos contratos, no obstante, resulta en ciertos aspectos compleja.
La protección del consumidor de servicios jurídicos
(Notyreg Hispania, 2021-03-01) Crespo Mora, María del Carmen; Ministerio de Economía y Competitividad (España)
Tras la reciente STS 24 febrero 2020 (RJ 2020,486) el Alto Tribunal ha consolidado su doctrina jurisprudencial que califica el contrato de prestación de servicios jurídicos entablado entre un cliente y su abogado como una relación de consumo, cuando aquel reúna la condición legal de consumidor. La principal consecuencia de tal declaración es la posibilidad de aplicar en este sector la normativa protectora de los consumidores y usuarios para regular los diversos aspectos y cuestiones relacionados con la prestación y ejecución de los servicios jurídicos. Así lo vienen haciendo desde hace un tiempo nuestros tribunales de instancia, que, con anterioridad incluso a la trascendental STJUE 15 enero 2015 -asunto C-537/13- (TJCE 2015,5), han propuesto la aplicación en este campo de diversos mecanismos tuitivos recogidos por el TRLGDCU: entre otros, la obligación de informar durante la etapa precontractual sobre los honorarios profesionales o las bases para su determinación (artículo 60 TRLGDCU), la integración del precio en caso de omisión de esta información conforme a la buena fe objetiva y en beneficio del consumidor (artículo 65 TRLGDCU) o la aplicación del control de contenido o abusividad a las condiciones generales de los contratos tipo de prestación de servicios jurídicos. El presente trabajo se dedica precisamente al análisis de los principales interrogantes jurídicos que suscita este traslado de la prestación de servicios de los abogados al ámbito de aplicación del Derecho del consumo.
La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo como categoría constitucional: entre "morir de éxito" o "vivir en el fracaso"
(UNED - Universidad Nacional de Educacion a Distancia, 2018-06-01) Perez Tremps, Pablo Enrique Angel
El trabajo aborda los riesgos que para la legitimidad el Tribunal Constitucional plantea una aplicación muy rígida de las causas de inadmisión del recurso de amparo y, en concreto, de la exigencia de la especial trascendencia constitucional de la demanda. Lo que se introdujo para evitar una crisis de la institución por el exceso de recursos (evitar que muriera de éxito), puede llevar a un fracaso de la institución (vivir en el fracaso) por esa aplicación excesivamente rígida de la causa de inadmisión; un Tribunal Constitucional se legitima en buena medida por su tarea de protección de los derechos fundamentales y una inadmisión sistemática de las demandas puede mermar gravemente esa legitimidad.
Privacidad y consentimiento en el entorno digital : aproximación desde la perspectiva de la Unión Europea
(Unilasalle Editora, 2020-07-30) Mato Pacín, María Natalia; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España)
En el marco de la protección de datos personales en el entorno digital de la Unión Europea, el objetivo de este trabajo es exponer las bases legales para el tratamiento de los datos personales, en especial, el consentimiento. Respecto de éste, se apuntarán algunas controversias que han surgido en torno a su aplicación en Internet (¿cómo cumplir con los requisitos en la práctica? ¿datos personales como "contraprestación" en contratos digitales?) y se pondrá de relieve la tendencia a la protección de datos personales desde el diseño y pordefecto, como mecanismo para una mayor garantía de seguridad.
Aproximaciones doctrinales a la teoría de la pérdida de oportunidad : análisis y reflexiones del caso español
(Dykinson, 2021-09-16) Oyarzun Vargas, Felipe Eduardo; Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (España)
El presente artículo refiere a las aproximaciones de la doctrina a la teoría de la pérdida de oportunidad en España. La otrora denominada «hermana pobre del derecho de daños» ha pasado de ser una figura poco atendida por parte de los agentes jurídicos a ser una construcción dogmática trascendente y relevante en el estudio de la responsabilidad civil. El presente estudio informa de los orígenes y las dos perspectivas que tratan la pérdida de oportunidad: el enfoque desde el daño y el enfoque desde la causalidad. A continuación, se analizará el desarrollo doctrinal en el ordenamiento jurídico español de esta teoría, mediante el estudio de la pérdida de oportunidad procesal en materia de abogados y la pérdida de oportunidad de curación en materia médica. Finalmente, consecuencia de lo expuesto, se proporcionan algunas reflexiones y aportes a la teoría de la pérdida de oportunidad.
La nominación parlamentaria de autoridades del Estado. El bloqueo, el veto y la «cesta institucional»
(UNED, 2022-03-25) Baamonde Gómez, Laura
La función parlamentaria de designación de autoridades del Estado (magistrados constitucionales, vocales del Consejo General del Poder Judicial, consejeros del Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo), más allá de su concreta categorización, tiene como razón de ser el dotar de legitimidad democrática de origen a los órganos afectados. La atribución a las Cámaras parlamentarias de una tarea de tal responsabilidad se ha acompañado de cautelas tendentes a garantizar el consenso en la elección y la neutralización partidista de los candidatos nominados, a través de la previsión de mayorías reforzadas y el establecimiento de requisitos de competencia técnica para el acceso al cargo. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del diseño orgánico-institucional, la aplicación práctica de las normas que disciplinan la elección parlamentaria por parte de las principales fuerzas políticas, decididas a «controlar» en lo posible la composición resultante, ha devenido en una serie de fenómenos perversos dignos de ser analizados en perspectiva crítica: el reparto de cuotas, los prolongados retrasos por las actitudes de bloqueo, la formulación de vetos o la acumulación de renovaciones diversas en una «cesta institucional» abusando de la prorogatio. Frente a esta deriva, se presenta una línea de solución del problema a través, principalmente, de la modificación de los aspectos temporales del mandato. Apostando por los mandatos temporales prolongados (alejados de la lógica de las legislaturas), dándoles prioridad frente a los mandatos institucionales en caso de antinomia, y, en definitiva, avanzando en modelos de renovación parcial y escalonada, que eviten la acumulación de puestos a cubrir, obligando al consenso genuino ante la imposibilidad de aplicar la lógica del reparto. Un fraccionamiento de las renovaciones que permitiría plantease la derogación de la prórroga de funciones, al desaparecer el riesgo de paralización total de la actividad del órgano, y desincentivando con ello las conductas estratégicas en el manejo de los tiempos para la manipulación consciente del equilibrio de mayorías. Todo ello bajo una premisa: el rechazo frontal a que la lógica de la confrontación política y el incumplimiento de los mandatos constitucionales de provisión de vacantes se imponga en futuras reformas del diseño orgánico-institucional aplicable a algunas de las más altas autoridades del Estado.
La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado : pautas para salir de un atolladero = The subsidiarity of the unjustified enrichment action: guide to get out of a predicament
(Notyreg Hispania, 2019-06-01) Basozabal Arrue, Xabier; Agencia Estatal de Investigación (España)
Hay sentencias que afirman la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado y otras que lo niegan. Hay opiniones doctrinales que exigen la subsidiariedad como requisito de la mencionada acción y otras que la omiten. El presente trabajo se propone deshacer esta contradicción. Para ello, parte de la necesidad de distinguir los diferentes conflictos que se plantean en torno a la subsidiariedad y de darles un tratamiento autónomo en función del asunto que se trata de resolver: un concurso de normas, un concurso de pretensiones, la necesidad de integrar el ordenamiento jurídico mediante la analogía o la búsqueda de soluciones a los problemas de enriquecimiento indirecto, lo que afecta a principios centrales de la teoría general de las obligaciones, como la relatividad de los contratos o la prelación de créditos. El estudio concluye con una propuesta para prescindir de la subsidiariedad como requisito de la acción, así como para abandonar la idea de un principio general de enriquecimiento injustificado entendido como principio apto para resolver coherentemente todos los problemas de restitución que puedan plantearse, con independencia del conflicto de intereses que tenga lugar en cada uno.
Contratos de mantenimiento y reparación : ¿es necesaria una regulación ad hoc?
(Thomson Reuters, 2018-12) Bergel Sainz de Baranda, Yolanda; Ministerio de Economía y Competitividad (España)
La breve y obsoleta regulación del contrato de prestación de servicios en el Código Civil español ha supuesto que, en la práctica, los tribunales hayan hecho una interpretación integradora del Código para tratar de solucionar los casos concretos que se les iban planteando. Además, la regulación desfasada existente en la materia ha obligado a nuestros tribunales a recurrir a las normas contenidas en el DCFR para buscar inspiración y soluciones «modernas» a los problemas que surgen en el ámbito del contrato de prestación de servicios. Esto ha ocurrido también por lo que se refiere al tipo de contrato de prestación de servicios que aquí estudiamos; los contratos de prestación de servicios de mantenimiento y reparación, modalidad contractual que, hasta la fecha, ha recibido escasa atención doctrinal. En este artículo se plantea la cuestión de si esta clase de contratos de prestación de servicios necesitaría de una regulación ad hoc o estarían suficientemente cubiertos con una regulación general de la contratación de servicios. Para llegar a una solución, o más bien a la propuesta de distintas soluciones, hacemos un estudio de la regulación de los contratos de mantenimiento y reparación en el DCFR, así como un análisis de aquéllos aspectos característicos de estos contratos que no están contemplados en esa regulación.
La tramitación de la reforma constitucional mediante procedimientos legislativos abreviados
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2019-05-23) Gómez Lugo, Yolanda
¿Pueden las Cámaras tramitar las iniciativas de reforma constitucional aplicando simultáneamente los procedimientos parlamentarios de reforma constitucional y procedimientos legislativos abreviados? Más específicamente, ¿puede considerarse que los métodos de lectura única y urgencia son procedimientos adecuados para tramitar la revisión de la Constitución? En el Auto 9/2012 el Tribunal Constitucional parece haberse decantado por la tesis de la simultaneidad procedimental, conforme a la cual los procedimientos de reforma constitucional podrían aplicarse transversalmente junto a las técnicas procedimentales de lectura única y de urgencia. Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática de las normas constitucionales y parlamentarias que regulan el modo de producción legislativa, es posible deducir que dichas modalidades abreviadas actúan como límites procedimentales en la tramitación parlamentaria de la revisión de la Constitución.
El papel de la buena fe en el Derecho contractual inglés
(Universitat Pompeu Fabra, 2018-04-01) Mato Pacín, María Natalia
El reconocimiento de la buena fe, elemento central del Derecho de contratos en los Ordenamientos jurídicos continentales, ha sido tradicionalmente una de las características diferenciadoras respecto del sistema inglés. Una sentencia recaída en 2013, Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd, parece haber revitalizado en los últimos años el debate acerca del encaje de esta figura en el Derecho contractual inglés.Tomando como punto de partida dicha resolución, el presente trabajo tiene como objeto determinar si este aparente mayor interés por la buena fe tiene reflejo en una aceptación generalizada por parte de los Tribunales. Para ello, se revisa la jurisprudencia inglesa en la que el deber de buena fe ha desempeñado algún papel en materia contractual. Así, se analizan los mecanismos a través de los que, en su caso, se ha dado entrada a esta figura (principalmente, los implied terms), intentando delimitar los supuestos en los que la buena fe tiene presencia y la intensidad y singularidades de su reconocimiento.
Dies a quo para el ejercicio de la acción de anulación por error en el consentimiento. Aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo a casos concretos
(Notyreg Hispania, 2020-07) Bergel Sainz de Baranda, Yolanda
El artículo 1.301 C.c. establece el momento de consumación del contrato como dies a quo para el ejercicio de la acción de anulación de un contrato por error en el consentimiento. La consumación del contrato se produce cuando se han cumplido completamente las prestaciones o realizado las obligaciones derivadas del mismo. Esta regla no había sido cuestionada hasta que, en el año 2015, el Tribunal Supremo hizo una nueva interpretación del artículo 1.301 C.c. para el caso de contratos bancarios o financieros complejos, estableciendo como doctrina que, en esos casos, la consumación del contrato a los efectos de determinar dicho dies a quo no podía quedar fijada antes de que se tenga conocimiento del error, lo cual sucede cuando se produce un evento que permita conocer las características y riesgos del contrato. A partir de ese momento surgieron dudas sobre el ámbito y aplicación de esa nueva doctrina de tan importante alcance práctico dadas las innumerables demandas de anulación de contratos por error en el consentimiento que llegan a nuestros tribunales en los últimos años; doctrina que, además, ha sido aclarada y modificada en sentencias posteriores. En este trabajo estudiamos cómo y en qué casos resulta de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo sobre el dies a quo en las acciones de anulación por error en el consentimiento.
Derecho y telecomunicaciones
(1997-11-28) Feliu Rey, Manuel Ignacio
La armonización de las auditorías en la Unión Europa
(1998-02-27) Feliu Rey, Manuel Ignacio
La nueva Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
(1998-04-04) Feliu Rey, Manuel Ignacio
Artificial agents among us: Should we recognize them as agents proper?
(Springer Verlag, 2017-03-01) Laukyte, Migle
In this paper, I discuss whether in a society where the use of artificial agents is pervasive, these agents should be recognized as having rights like those we accord to group agents. This kind of recognition I understand to be at once social and legal, and I argue that in order for an artificial agent to be so recognized, it will need to meet the same basic conditions in light of which group agents are granted such recognition. I then explore the implications of granting recognition in this manner. The thesis I will be defending is that artificial agents that do meet the conditions of agency in light of which we ascribe rights to group agents should thereby be recognized as having similar rights. The reason for bringing group agents into the picture is that, like artificial agents, they are not self-evidently agents of the sort to which we would naturally ascribe rights, or at least that is what the historical record suggests if we look, for example, at what it took for corporations to gain legal status in the law as group agents entitled to rights and, consequently, as entities subject to responsibilities. This is an example of agency ascribed to a nonhuman agent, and just as a group agent can be described as nonhuman, so can an artificial agent. Therefore, if these two kinds of nonhuman agents can be shown to be sufficiently similar in relevant ways, the agency ascribed to one can also be ascribed to the other-this despite the fact that neither is human, a major impediment when it comes to recognizing an entity as an agent proper, and hence as a bearer of rights.
El caso Lehman Brothers en la jurisprudencia española: alcance de la responsabilidad de las entidades bancarias y de las empresas de servicios de inversión
(Thomson Reuters, 2012-10) Bergel Sainz de Baranda, Yolanda; Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Privado
El trabajo estudia las consecuencias que el concurso de Lehman Brothers ha tenido para los inversores españoles que habían comprado, sobre todo a través de entidades bancarias, productos financieros emitidos y garantizados por Lehman Brothers. Muchos de esos inversores han interpuesto demandas ante los tribunales españoles contra los bancos que intermediaron en la compraventa solicitando por distintas vías que se les devuelva lo que invirtieron en dichos productos. En este trabajo se analizan las distintas acciones utilizadas por los inversores con ese fin y se estudia la posibilidad de que prosperen o no, para lo cual se identifican los distintos factores que pueden determinar la solución del caso.
Prestación compensatoria y compensación por trabajo doméstico. ¿Dos caras de una misma moneda?
(Universitat Pompeu Fabra, 2015-01) Santos Morón, María José
Pese al tiempo transcurrido desde la reforma de 1981 y la abundante jurisprudencia vertida últimamente por el TS, siguen existiendo dudas en torno a la interpretación del art. 97 C.c. y, particularmente, acerca de los presupuestos que, a falta de acuerdo entre los cónyuges, han de darse para que exista derecho a compensación. Los argumentos que se utilizan para justificar la prestación del art. 97 C.c. coinciden además, en ocasiones, con los utilizados para fundamentar la compensación por trabajo doméstico prevista en el art. 1438 C.c, lo que plantea problemas de coordinación y dificulta la delimitación de una y otra figura en los casos de crisis matrimonial. En este trabajo se pretende concretar las circunstancias que han de darse para que entren en juego los citados preceptos y para ello se reflexiona sobre el fundamento que hoy día, atendiendo al actual modelo social y jurídico de matrimonio, puede atribuirse a una y otra compensación.

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