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Publication The economic consequences of Covid in Spain and how to deal with them(FEDEA, 2020-11-10) Marin Vigueras, Jose Maria; De La Fuente, Ángel; Balletbó, Anna; Bonet, José Luis; Boscá, José E.; Carbó, Santiago; Conde-Ruiz, José Ignacio; De Rus, Ginés; Del Alcázar, Juan; Díez, José Ramón; Doménech, Rafael; Felgueroso, Florentino; Fernández, Enric; Fernández, María; Ferri, Javier; García Pérez, José Ignacio; Jansen, Marcel; Jimeno, Juan Francisco; Kindelán, Alejandra; López Laborda, Julio; Núñez, Clara Eugenia; Onrubia, Jorge; Puch, Luis; Riesgo, Juan Pablo; Rodríguez, Diego; Rodríguez, Sofía; Santillán, Javier; Sicilia, Jorge; Valle, Eva; Vega De Seoane, Javier; Vives, XavierThis paper focuses on the economic consequences of the Covid pandemic in Spain and on what should be done to mitigate them. After briefly describing the channels through which the virus affects economic activity, we provide some data on the evolution of output and employment during the pandemic and on its incidence on public finances. In the final part of the paper we discuss the main measures that have been taken to mitigate the economic consequences of the health crisis and conclude with some reflections on what else should be done. We emphasize the need to build a broad social and political consensus on the key elements of economic policy over the next few years and outline a strategy to deal with the crisis that combines short and long-term measures to speed up the recovery and set the foundations for future growth.Publication Notas sobre las proyecciones de gasto en pensiones del MISSMI(FEDEA, 2023-10-23) Marin Vigueras, Jose Maria; De La Fuente, Ángel; Ayuso, Mercedes; Conde-Ruiz, José Ignacio; Devesa, Enrique; Díaz-Giménez, Javier; Díaz-Saavedra, Julián; Doménech, Rafael; Domínguez Fabián, Inmaculada; Fuster, Luisa; García Díaz, Miguel Ángel; Herce, José Antonio; Jiménez, Sergi; Patxot, Concepció; Sánchez Martín, Alfonso; Serrano, FelipeEl Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMI) ha publicado recientemente un informe con sus proyecciones de la evolución del gasto público en pensiones a medio y largo plazo y de los efectos esperados de las medidas de ingreso recogidas en la reciente reforma de 2021-23. El informe dibuja un panorama optimista sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones tras la reforma, que según los cálculos del Ministerio tendrá un efecto prácticamente nulo sobre su saldo presupuestario en el conjunto del período 2022-2050 y dejará el gasto medio durante el mismo período holgadamente por debajo del nivel que activaría la cláusula de salvaguarda del MEI. En este escenario, por tanto, no sería necesario subir las cotizaciones sociales o tomar otras medidas compensatorias. Desafortunadamente, las proyecciones del Ministerio resultan, según nuestra evaluación, poco plausibles. Se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios de algunas de las medidas de la reciente reforma. Como consecuencia, las previsiones del MISSMI infravaloran los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. Nuestros cálculos, por el contrario, apuntan a un crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos, que rondaría 1,5 puntos de PIB en promedio entre 2022 y 2050, y excedería los 3,5 puntos en 2050. Estos resultados sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del MEI se cumple ya en la actualidad. Las principales diferencias entre nuestras proyecciones y las del MISSMI se encuentran en el impacto de los incentivos a la jubilación demorada, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la mejora de las pensiones mínimas. En los dos primeros casos, la discrepancia parece deberse, al menos en parte, a que las proyecciones del Ministerio no recogen los efectos inducidos sobre el gasto futuro en pensiones de los incentivos a la demora de la jubilación o de la subida de las cotizaciones de los autónomos, mientras que en el tercero no parece tenerse en cuenta que la revisión de las pensiones mínimas y no contributivas no sólo comporta una subida puntual de su cuantía sino un cambio importante en su regla de evolución, que deja de referenciarse a la inflación para ligarse a la evolución de la renta per cápita media. Por otra parte, el escenario del MISSMI se basa en unas proyecciones de población propias, notablemente más optimistas que las de Eurostat, que sirven de base el Ageing Report 2024, en el que se basará la evaluación oficial del sistema de acuerdo con lo previsto en el Real Decretoley 2/2023. Respecto a las proyecciones de Eurostat, las del MISSMI suponen mayores flujos migratorios a partir de 2035, menor esperanza de vida a partir de los 65 y 67 años, y mayor ocupación. Si en lugar de utilizar el escenario demográfico de MISSMI se utiliza el de Eurostat, el gasto total en pensiones en ausencia de las últimas reformas aumentaría en 2050 del 15,65% al 16,90%, es decir, en más de 1,2 puntos de PIB. Adicionalmente, por cada décima anual de menor crecimiento de la productividad, el gasto en pensiones en 2050 aumentaría unas tres décimas de PIB. Aunque la reforma contempla la activación de mecanismos correctivos en caso de desviaciones al alza de las proyecciones de gasto neto, no conviene infravalorar los costes económicos, políticos y sociales de esa activación, que comportaría seguramente una apreciable subida de los tipos de cotización. Dado su ya elevado nivel, una subida adicional de las cuotas para cubrir el creciente déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo, la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar.Publication Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos (versión completa)(FEDEA, 2020-09-08) De La Fuente, Ángel; Balletbó, Anna; Bonet, José Luis; Boscá, José E.; Carbó, Santiago; Conde-Ruiz, José Ignacio; De Rus, Ginés; De Alcázar, Juan; Díez, José Ramón; Doménech, Rafael; Felgueroso, Florentino; Fernández, Enric; Fernández, María; Ferri, Javier; García Pérez, José Ignacio; Jansen, Marcel; Jimeno, Juan Francisco; Kindelán, Alejandra; López Laborda, Julio; Núñez, Clara Eugenia; Onrubia, Jorge; Puch, Luis; Riesgo, Juan Pablo; Rodríguez, Diego; Rodríguez, Sofía; Santillán, Javier; Sicilia, Jorge; Valle, Eva; Vega De Seaone, Javier; Vives, Xavier; Marín Vigueras, José MaríaEste documento es el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC). En él se defiende la necesidad de alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio y largo plazo. En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo. En estos momentos, la principal tarea que tenemos que abordar de forma inmediata, además de controlar los rebrotes de la pandemia, consiste en adaptar las medidas de protección a empresas, trabajadores y hogares tomadas en los primeros momentos de la crisis con el fin de impulsar la reactivación de la actividad económica y evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades con mejores perspectivas de futuro. Parte del reto consistirá en adaptar las medidas de carácter general, como los ERTEs o los préstamos con garantías públicas, a las necesidades de los distintos sectores y en acertar con las medidas específicas de apoyo a sectores de gran peso en nuestra economía y considerable valor estratégico, como el turismo y la automoción, a los que no podemos renunciar. A largo plazo, el objetivo fundamental de nuestra política económica ha de ser un crecimiento robusto, inclusivo y sostenible. Hemos de dar prioridad a todas aquellas actuaciones y reformas que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía española y a reducir su tasa de desempleo estructural porque esto redundará no sólo en una mejora del nivel de vida medio de la población y una menor desigualdad sino también en un aumento de los ingresos tributarios que ayudará a financiar las elevadas necesidades de gasto ligadas a la lucha contra la enfermedad y sus secuelas y nos permitirá ofrecer unos mejores servicios públicos y prestaciones sociales sin elevar la presión fiscal. Para alcanzar estos objetivos contamos con dos instrumentos fundamentales: la política de inversión, entendida en sentido amplio para incluir la acumulación de activos intangibles, especialmente el capital humano, y las reformas estructurales encaminadas a mejorar el funcionamiento de ciertos mercados clave o de distintos elementos o herramientas del sector público. En relación con este segundo instrumento, la crisis puede ser una oportunidad que no deberíamos desaprovechar para abordar reformas en profundidad que serían bastante más difíciles de implementar en tiempos normales. El informe deja abiertas algunas cuestiones que han de ser objeto de una negociación política apoyada en análisis más cuidadosos de costes, beneficios y posibilidades presupuestarias. Una de ellas es hasta qué punto deberíamos endeudarnos ahora con el fin de disponer de más recursos para combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales. Otra es cómo asignar estos recursos entre distintas medidas y prioridades-- entre programas de sustitución de rentas y protección social, mecanismos horizontales de apoyo al tejido productivo y ayudas específicas a determinados sectores. Y la tercera tiene que ver con la composición de la cesta de medidas tributarias y actuaciones de contención y racionalización del gasto que será necesaria para pagar la inevitable factura de la crisis.