Privacidad en un tiempo de terror

Abstract

Desde 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha buscado proteger la privacidad de las llamadas telefónicas, requiriendo que el Gobierno obtenga de un juez una orden judicial autorizando la intercepción de una llamada. Para obtener esa orden judicial, el gobierno debía aportar las razones para creer que el objetivo de la intercepción había iniciado o iba a iniciar una actividad delictiva. Este artículo analiza los desarrollos de la era post 11 de septiembre –primero con una Orden del Ejecutivo y luego con una ley del Congreso– que eliminó este requisito y así comprometió la protección de la privacidad

Starting in 1967, the Supreme Court of the United States has sought to protect the privacy of telephone calls by requiring the Government to obtain from a judge a warrant authorizing the interception of a call. To obtain such a warrant, the Government would have to set forth the reasons for believing that the target of the interception has engaged or was about to engage in criminal activity. This article traces the developments in the post-9/11 era – first by Executive Order and then by a Congressional Statute – that abrogated this requirement and thus compromised the protection of privacy.