Eficacia del gasto en algunas políticas activas en el mercado laboral español

Abstract

A partir de la cumbre de Luxemburgo, en noviembre de 1997, las políticas activas en el mercado de trabajo recibieron un notable impulso en la Unión Europea (UE). Los acuerdos adoptados supusieron la puesta en marcha del llamado ?proceso de Luxemburgo?, dirigido a coordinar políticas de empleo para resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo en la UE. Dichas políticas se asientan en cuatro pilares básicos: la mejora en el acceso al mercado laboral, el estímulo del espíritu empresarial, el aumento de la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores y el fomento de la igualdad de oportunidades. A pesar de las buenas intenciones, los cambios introducidos desde 1997 no han alterado significativamente el funcionamiento del mercado laboral. En lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo, se ha recurrido esencialmente a programas de formación para los grupos de población con mayores dificultades, como son los jóvenes, trabajadores con escasa preparación y parados de larga duración. Las directrices europeas han planteado únicamente objetivos de carácter cuantitativo centrándose en la reactivación de políticas activas preexistentes, cuya eficacia frente al problema del paro es más que dudosa. Por otra parte, existe una gran heterogeneidad entre los países miembros de la UE, tanto en lo que respecta al funcionamiento de su mercado de trabajo como a las respuestas adoptadas por parte de sus gobiernos frente al paro. Así, mientras el impulso del ?proceso de Luxemburgo? ha sido aprovechado por algunos países para evaluar concienzudamente la efectividad de sus políticas de empleo, otros se han limitado a adecuar mecánicamente sus planteamientos a las nuevas directrices europeas. En el caso de España, el plan propuesto por el anterior Gobierno conservador parece haber optado por la segunda vía, preocupándose más por cumplir en las formas que por establecer una verdadera estrategia para el empleo a medio plazo. La mayor exposición a la competencia internacional, como resultado de la creciente globalización, intensificada por la ampliación de la UE hacia el Este, exige incrementar la eficiencia en la oferta de protección social. Ello hace imprescindible evaluar la eficacia de las diferentes políticas activas de empleo con objeto de identificar aquellas que son realmente efectivas. España se sitúa a la cola de la UE en lo que respecta al gasto per cápita en políticas de empleo. Ello es especialmente preocupante teniendo en cuenta que se trata de uno de los países con mayor tasa de paro. Si nos ceñimos al gasto en políticas activas de empleo, la situación es todavía peor. Uno de los aspectos que más llama la atención es la ausencia de una evaluación sistemática de las medidas adoptadas mediante una metodología estadística apropiada.